Desmunicipalización
En primer lugar, es necesario señalar que la reforma educacional chilena tiene un sello muy propio, ya que ésta ha sido implementada durante los gobiernos de la concertación, pero dentro del marco rígido que dejaron los cambios económicos, sociales, culturales y educacionales impuestos durante los años ochenta, que no han sido modificados. En plena dictadura militar, y en el contexto de una economía neoliberal, que entrega un rol preponderante al sector privado y supedita los avances del desarrollo social al ritmo del creamiento y a las posibilidades de apertura de las economías y de su inserción en los nuevos mercados económicos mundiales, se inicia un proceso de descentralización de la educación.
En estas circunstancias, los principales objetivos de dicha descentralización fueron tres. Primero, disminuir los aportes estatales a la educación. Segundo, entregar la regulación de la misma a los mecanismos de mercado. Finalmente, debilitar a las organizaciones sociales en sus luchas reivindicativas y controlar el ejercicio de la profesión docente. Este proceso de descentralización, que se desarrolla a través de dos esfuerzos articulados, el de privatización y el de municipalización, no sólo significó la transferencia de funciones financieras, administrativas y pedagógicas a entes autónomos –privados o públicos-, sino que modificó sustancialmente la forma de financiamiento de la educación, estableciéndose un sistema de subvención a la demanda, entregando los recursos de acuerdo al promedio de asistencia mensual de alumnos por curso, tanto a los establecimiento municipales como particulares subvencionados. De este modo, se empiezan a entregar importantes recursos fiscales a entes privados con fines de lucro, sin mayor regulación del uso de esos dineros, lo que significó un gran desarrollo de ese sector, que hoy alcanza más del 40% de la matrícula escolar. En este proceso, las condiciones contractuales de los docentes se asimilaron a las del sector privado, quedando absolutamente liberadas al mercado. Así mismo, no puede desconocerse que durante el régimen militar la máxima autoridad municipal era designada por el gobierno central, por tanto, la municipalización también significó mayor control, autoritarismo, arbitrariedad y pérdida de la autonomía profesional.
Con respecto a la transferencia de funciones pedagógicas, se impulsó la flexibilidad –normando ciertos aspectos generales en relación a fijación de objetivos, planes y programas y criterios de evaluación-, entregando el poder de decisión a los establecimientos educacionales. Durante este proceso, se produce un cambio sustantivo del rol del Estado en Educación, de un Estado Docente a un Estado subsidiario, cuyos resultados fueron, y siguen siendo una enorme fragmentación e inequidad en el sistema educativo. Pero lo más grave es que esta Reforma que se impone a los chilenos, avanza en cambiar el objetivo fundamental que tenía la educación: la formación de un ser humano íntegro y armónico –un ciudadano- por la de un mero recurso humano funcional a la producción y la competencia –un consumidor-. Se reforzó, así mismo, la concepción del docente como mero ejecutor e instrumento para el desarrollo de estos fines. La dictadura no dejó nada al azar, de tal modo que este modelo quedó consagrado tanto por la Constitución Política de Chile del año 1980, como por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada a inicios del año 1990, un día antes que asumiera en Chile el Primer Gobierno de la Concertación, con el Presidente Patricio Aylwin.
Colegios Particulares-subvencionados y Municipales
Los colegios municipales y colegios particulares subvencionados son aquellos que conforman la educación pública, es decir, imparten educación gratis o bien con una subvención del Estado.
Son colegios Municipales aquellos en que se encuentran a cargo de la municipalidad correspondiente según área de la comuna en que ésta se encuentre, que entrega educación gratuita, mediante financiamiento del Estado.
Los colegios particulares subvencionados son aquellos que reciben una subvención por parte del Estado para apoyar al establecimiento en una parte de los gastos, ya que la otra parte le corresponde al Sostenedor sustentarla. Además, requiere de un pago de matrícula como requisito por estar en el establecimiento y una cantidad de dinero mensual.
Tanto la Educación Municipal como Particular Subvencionada, están en el nivel bajo de Evaluación de la Calidad, según estadística del Simce, lo que demuestra lo descuidada que está la Educación pública, siendo ésta la que abarca la mayor cantidad de alumnos a nivel nacional, teniéndose como consecuencia malos resultados en el aprendizaje y calidad de profesionales para Chile, y por lo tanto, un atropello en cuanto a la calidad de educación que debieran recibir los estudiantes.
La Municipalización tenía como finalidad, la descentralización de la educación, que exista diversidad de pensamiento, dejando a cargo de sostenedores municipales y particulares el papel central de la gestión escolar, junto con una subvención por parte del Estado que es entregada a cada municipio para que distribuya una inversión en materia educacional en los colegios que tengan a cargo.
El financiamiento de la educación en los colegios municipales y particulares subvencionados se hace a través de una subvención económica. (Definición: donde el estado comienza a entregar una subvención por asistencia media a los establecimientos municipales, antes estatales, y los liceos particulares subvencionados), el cual es el pilar estatal de la educación que recibimos.
Una primera revisión a este sistema de financiamiento da cuenta de un lucro desmedido por parte de los sostenedores privados y un déficit estructural para las municipalidades que no son capaces de cubrir el gasto de los establecimientos con estos ínfimos recursos. Es hacia estas desfavorables condiciones en la que se encuentran muchos colegios a nivel nacional que nos propusimos abordar el tema dándole su real importancia, pues recordemos que muchos estudiantes a lo largo de Chile dependen de esas subvenciones para que reciban una buena educación, en un establecimiento como corresponde en infraestructura, con un buen material de apoyo, para así formar personas capaces y eficaces e íntegras, ya que es el porvenir de ellos y de el país en sí, el que se tiene en juego y no es posible que por falta de inversión en recursos educacionales, responsabilidad del sostenedor y del Estado, no estén accediendo a estudiar lo que ellos quieren, y que por el contrario reciban una pésima Educación con deficiencias y de mala calidad.
Sabemos que los sostenedores (Llámese así a las personas jurídicas o naturales como empresarios, empresas privadas, religiosos, municipalidades, etc.) son quienes reciben esta subvención por parte del Estado y es su deber invertirla en necesidades que conlleva tener un establecimiento. Por supuesto que esta temática necesita de una verdadera preocupación y de gente especializada que sepa como destinar correctamente la subvención; entonces hablamos de equipos técnicos de Educación encargados de esta función. Pero ocurre en la actualidad que solo 32 de 345 municipios que existen en Chile, poseen estos entes que se ocupan específicamente de administrar la subvención a los colegios que tienen a cargo, y son justamente los municipios más ricos.
Además los sostenedores carecen de exigencias concretas que garanticen la calidad, y no solo la cobertura educacional; por lo que sostienen fundamentalmente su negocio de lucrarse con la educación al sumar recursos de las familias con las subvenciones del Estado, sin garantizar mayor calidad al referirnos al modelo de financiamiento compartido.
Las subvenciones, cuando llegan a la municipalidad, no es seguro que sean completamente destinadas a la educación porque no hay un marco regulatorio para estos pasos o un organismo que fiscalice la cuenta de las cantidades, lo que ocurre y se ve en clara medida en aquellas que manejan bajos recursos públicos, lo que conlleva a que las municipalidades ocupen el dinero destinado a la educación, con otros fines como por ejemplo pavimentar calles, obras viales, alumbrado, gasto en proyectos públicos, etc.
Otro punto importante es que las subvenciones son cantidades que no alcanzan a cubrir los gastos totales que se requieren para un establecimiento tales como los materiales que requieren todos los alumnos de los colegios, una mejor infraestructura a los establecimientos, cobertura en raciones alimenticias, incentivos para una real implementación de la Jornada Escolar Completa, con resultados positivos en la educación de los alumnos, entre otras.
Es importante señalar el recorrido que realiza este financiamiento desde el Estado hasta la Municipalidad, el cual pasa por varios entes antes de llegar a su destino. Esto denota la completa falta de transparencia en las acciones y un verdadero aprovechamiento pues no hay fiscalización de todo ese proceso.
Fin al Lucro con recursos públicos
Unos de los aspectos donde el estado más se ha alejado y favorecido a los privados es el financiamiento, a la par con el inicio del proceso de municipalización, se inicio un nuevo sistema de financiamiento, donde el estado comienza a entregar una subvención por asistencia media a los establecimientos municipales antes estatales y los liceos particulares subvencionados. Una primera revisión a este sistema de financiamiento, da cuenta de un lucro desmedido por parte de los sostenedores privados y un déficit estructural para las municipalidades, que no son capaces de cubrir el gasto de los establecimientos con estos ínfimos recursos. También provoca una competencia por la matrícula, ésta es cada vez más baja para el sector municipal, esto bajo la falsa premisa que el sector particular subvencionado tiene mejor calidad.
Con el sistema lucrativo actual solo contribuye a la competencia de las municipalidades y privados por los recursos del estado, sin preocuparse realmente por el tema educativo.
Como es el caso de muchos sostenedores particulares, subvencionados por el estado, que no cuentan con proyectos educativos reales y eficaces, que funcionan solamente con la lógica del lucro. En consecuencia, no puede ser permitido el lucro con recursos públicos y dejando paso a una educación de mercado, basado en la demanda. El sistema de subvención sólo consigue segmentar más el sistema y consolidar el negocio en la educación. “El Sistema escolar está concientemente estructurado por clases sociales” (Informe OCDE: 2004). Los colegios subvencionados, seleccionarán a alumnos pobres con más capacidades y dejarán a los alumnos con menos capital sociocultural en el sistema municipal. Cualquier evaluación posterior indicará que los privados, supuestamente, son mejores que los municipales.
En conclusión, el sistema de financiamiento compartido, aumenta la capacidad de los sostenedores para lucrar con la educación, al sumar recursos de las familias a las subvenciones del Estado, sin garantizar mayor calidad. Al seleccionar alumnos y dejar fuera a los niños/as con más necesidades educativas, consiguen mejores resultados en el único instrumento externo de medición de la calidad (SIMCE). Debemos señalar, además, que este instrumento apenas mide un aspecto de lo que se debe considerar una educación de calidad integra.
El Rol del Estado
La diferenciación entre establecimientos municipales, privados, subvencionados y privados pagados. Como consecuencia del rol subsidiario que el Estado ha asumido en los últimos 20 años, provoca tal Estratificación y segmentación social en el sistema educacional, que genera desigualdad en los grados de Calidad y de prestigio ante la sociedad, lo cual, perpetúa el proceso de reproducción social de las Desigualdades sociales que hoy existen.
La educación es un derecho social, ya que implica la generación del conocimiento, la integración de las personas a la convivencia social, al lenguaje y la ciudadanía. El impacto de la educación, en la Constitución de las sociedades; en las formas que ésta asume, sus jerarquías y valores, sus grados de Equidad o desigualdad y en definitiva en la capacidad política que entrega a los ciudadanos para ser partícipes activamente de la construcción de la misma, es fundamental. Esto implica que su calidad no puede ser distinta para unos o para otros, ni menos dejar su planificación en manos de lógicas que no se basen en los fines comunes que una sociedad haya establecido democráticamente. A estas alturas es evidente que administrar la educación entorno a la lógica del lucro inevitablemente traerá consecuencias, no sólo en la calidad de la educación, sino que también en el tipo de segmentación social que se constituya en el país.
Esta razón es suficiente para entender la contradicción entre una educación pública de calidad para todos y la existencia de la educación privada con fines de lucro. Por esto es sumamente importante que el estado garantice una educación de calidad equivalente para los que no puedan o no quieran pagarla, solo bajo esta condición existe libertad de enseñanza. Por lo anterior, que un fuerte rol del estado se hace indispensable, no podemos olvidar que antes del 80, en Chile existía un estado docente que velaba por una educación bajo cuatro grandes premisas.
Universalidad, gratuidad, pluralidad y laicismo.
En el caso en que no estén presentes, lo que existe son condiciones de ventaja o plusvalía sobre un principio de mercado, que se refleja en las personas que no tienen las posibilidades de acceder a una educación de calidad sin pagar, y se ven obligadas a buscar calidad solo en los privados.
Ante esto el Estado debe dejar su rol asistencial y sobrepasar la función de dar educación solo a las personas vulnerables o marginalizadas, mas bien, el Estado debe generar una educación que apunte a constituir una sociedad en donde esas personas no sean marginadas ni sean consideradas vulnerables, sino que por el contrario, una sociedad que integre activamente a todos sus miembros, Sin discriminación cultural, social ni económica.
Consecuencias de lo expuesto:
- La educación funciona como mercancía y no como derecho social.
- Los sostenedores que reciben subvención estatal pueden lucrar.
- Los sostenedores privados que reciben subvención estatal, pueden seleccionar estudiantes, por lo que se segmenta el sistema escolar y se impide una evaluación adecuada de la calidad de la educación.
- No se regula la participación de los actores de la comunidad educativa, manteniendo en el Sostenedor la potestad de tomar decisiones.
- El Estado solo se hace partícipe de la educación pública inyectando dinero en la educación, perdiendo su rol Docente y pasando a tener un rol Subsidiario.
- Se fomenta la segmentación socioeducativa en el sistema escolar.
- Alta inequidad.
- Con el fin de descentralizar la educación, terminó desarticulándola.
- “La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado y competencia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje” (OCDE, 2004: 290)
En Conclusión, se requiere cambiar el sistema de Financiamiento. La actual sistema, sólo entrega criterios económicos para administrar la educación, lo que en el actual contexto, significa dejar los objetivos educativos en manos de las fuerzas del lucro y del mercado. Como la experiencia internacional lo demuestra, todo establecimiento particular que reciba subvención del Estado debe garantizar el derecho a la Educación de todos los niños/as y jóvenes del País. La selección escolar de cualquier tipo, para estos establecimientos, debe quedar expresamente prohibida.
Se requiere un cambio profundo en lo que respecta a la Municipalización de la Educación y en el modelo de gestión del sistema basado en sostenedores particulares. Es necesario garantizar la existencia de un organismo público que administre la educación. Como muestran las experiencias exitosas en otras partes del mundo, estos organismos públicos deben incorporar a los actores de la comunidad local y recibir un adecuado apoyo técnico-pedagógico y financiero.
Finalmente es labor del Ministerio de Educación, quien debe reconstruir un sistema sólido y altamente capacitado para supervisar, administrar, gestionar y velar por todo el sistema educativo que se necesita en el plano actual.
Se debe garantizar y proteger el Derecho a una Educación, entendida ésta como un bien social público, laica, de alto nivel tecnológico, contenidos teóricos e infraestructura de calidad. Derecho sin ningún tipo de discriminación ni restricción: económica, social, cultural, ideológica o política, educacional, étnica, de género, de minorías de minusválidos; considerando incluso las diferencias sexuales.
El estado debe retomar su rol docente, asegurando el Derecho a la Educación de la población sin importar el origen social, económico y cultural de niños, niñas y jóvenes chilenos, promoviendo la construcción de una sociedad democrática, más justa, igualitaria y libre. Debe ser el Estado el principal responsable de la administración y financiamiento, con el fin de garantizar el derecho a la educación, de carácter obligatoria, gratuita, de calidad, universal, laica y plural, esto último entiéndase que no debe primar lo particular, sino que se promueva la diversidad.
El estado también debe recuperar la potestad de elaborar, planificar y llevar adelante las políticas publicas educativas; financiar y administrar directamente los establecimientos; desarrollar una política de mejora de infraestructura y construcción de establecimientos de calidad y adecuados a las necesidades de cada comunidad escolar, para no repetir hechos como la inundación de liceos o construcciones paralizadas por errores de las empresas concesionarias.
Se ha de promover un proyecto educativo ciudadano desde el estado, que responda de manera efectiva y real a las necesidades de la transformación social y desarrollo nacional, no solo a los requerimientos del mercado o a los proyectos de algunos sectores corporativos que buscan reproducir sus opciones ideológicas. La participación de los actores locales en el proceso educativo es un requerimiento fundamental de la calidad. Los proyectos educativos debe estar la participación democrática de toda la comunidad educativa, proyectos los cuales deben ser aprobados por el Ministerio de Educación, y se debe justificar la entrega de forma concreta y transparente, el aporte estatal.
Se debe asegurar las condiciones de infraestructura, que estén en relación con el acuerdo del proyecto educativo, que aseguren espacio físico para el desarrollo de actividades regulares y extraprogramáticas que contribuyan al desarrollo íntegro de los actores involucrados en el proceso educativo.
El Ministerio de Educación, debiese tener las atribuciones necesarias para poder fiscalizar, evaluar, y transparentar, constantemente el cumplimiento del proyecto educativo, como el uso de recursos de forma apropiada. Se debe generar a partir del Ministerio de Educación un servicio nacional de carácter público con organismos administradores que se encarguen de todos los establecimientos, hoy en manos de las municipalidades, que tengan como única función la gestión de establecimientos educacionales de propiedad del Estado de una determinada unidad geográfica, donde responsable principal y último en cuanto a la administración y gestión de la educación es el Estado, ello implica un adecuado equilibrio entre los aspectos centralizados y descentralizados. Este nuevo sistema debe contemplar la más amplia participación y democracia de todas sus instancias, con la adecuada representación de los organismos del Estado, de las organizaciones locales y de toda la comunidad escolar y académica. Lo anterior en la idea de que la comunidad tenga un rol determinante y resolutivo en las definiciones educativas propias.
El Estado debe financiar de modo preferente la educación pública, eliminado el sistema de subvención, estableciendo presupuestos de educación que permitan el financiamiento suficiente de la administración descentralizada y sus establecimientos educacionales, considerando a lo menos: los proyectos educativos, renovación y mantenimiento de la infraestructura, recursos técnicos-pedagógicos, así como asistencialidad escolar. El financiamiento del Sistema debe, además, promover las tendencias a la expansión de la educación pública, como única garantía del Derecho a la Educación y de integración de los sectores postergados.
Así mismo, los organismos administradores deberán contar con centros de costos por establecimiento. A su vez, las escuelas y liceos participarán en la configuración de su presupuesto administrarán directamente recursos vinculados a su proyecto y deberán rendir cuenta sobre la ejecución de éste y ser fiscalizados por el Ministerio y la comunidad. Esto en la idea de definir cuales son los establecimientos, zonas o regiones que necesitan más financiamiento.
Finalmente, se debe eliminar el financiamiento compartido a los establecimientos de propiedad del estado, ya que será este último el que deberá financiar íntegramente a estos liceos y colegios.
